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Cientos de manifestantes se enfrentaron a los alguaciles federales (US Marshals) frente a un tribunal federal en St. Paul, Minnesota, el 16 de junio, exigiendo que se retiren los cargos contra las 15 personas imputadas por organizar protestas contra el ICE. A pesar de que los alguaciles intentaron dispersar a la multitud con gas lacrimógeno y spray de pimienta, los manifestantes continuaron con su protesta.
Horas antes de la protesta, los fiscales federales de Minnesota anunciaron cargos contra 15 personas en una acusación de 94 páginas que alega que conspiraron para “oponerse violentamente a la inmigración y a las fuerzas del orden” durante y después de la Operación Metro Surge del ICE, que trajo a miles de agentes federales que ocuparon Minneapolis y St. Paul a finales de 2025 como parte de la campaña de terror deportador del ICE. La Operación Metro Surge fue derrotada por el pueblo de Minneapolis, cuya victoria obligó al ICE a realizar una retirada estratégica, reorganizar su liderazgo y abandonar sus tácticas de conmoción y pavor.
Los acusados, todos ellos del área de las Ciudades Gemelas (Twin Cities), enfrentan cargos graves que incluyen conspiración para obstaculizar o agredir a oficiales federales, incitación a cometer un delito violento, amenazas interestatales, acecho interestatal, agresión a un oficial federal y destrucción de propiedad gubernamental. Los fiscales vincularon a los acusados con Direct Action Minnesota (DAMN), a quien el Departamento de Justicia ha calificado como un “grupo antifa con sede en Minneapolis” y ahora denomina “organización terrorista nacional”.
La acusación alega que los participantes coordinaron protestas a través de comunicaciones cifradas, organizaron bloqueos, rastrearon a agentes federales y llevaron a cabo acciones directas destinadas a interrumpir la aplicación de las leyes de inmigración. Cita asambleas de trabajadores, actividad en redes sociales y otras formas de organización como evidencia de una conspiración que enmarca el activismo contra el ICE como una empresa criminal.
En la conferencia de prensa del 16 de junio, el fiscal federal Daniel Rosen fue cuestionado por periodistas sobre si algún agente federal había resultado realmente herido. Se negó a responder, afirmando que si la conducta “realmente… caus[ó] o no daño corporal no es la medida” de si se cometió un delito.
El caso sigue el manual establecido por el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 de la administración Trump, que ordena a las agencias federales reprimir las redes de activistas etiquetadas como “antifa” agrupando formas desconectadas de asociación política en una única narrativa de conspiración que maximiza la represión. Cabe destacar que el comunicado de prensa del Departamento de Justicia sobre las acusaciones del 16 de junio presenta las críticas de uno de los acusados al pacifismo en las redes sociales como parte de la narrativa federal contra los imputados.
Entre los imputados se encuentran sindicalistas de Minnesota activos en asambleas de trabajadores, y la propia acusación cita dichas asambleas como evidencia de la conspiración. Kieran Knutson, presidente del Sindicato Local 7250 de CWA, afirmó que los sindicalistas que participan en las asambleas se encuentran entre los arrestados. Marcia Howard, presidenta del capítulo de docentes de la Federación de Educadores de Minneapolis Local 59, criticó la persecución del Departamento de Justicia contra los activistas y declaró: “Me parece revelador que vayan contra los sindicalistas, incluidos educadores que conozco ahora mismo; que vayan contra los trabajadores. Estoy realmente furiosa”.
Imagen: Un alguacil federal rocía a un manifestante con un irritante químico en St. Paul, MN. Crédito: Captura de pantalla de un video de @dymanhshow en Instagram.
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