El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citó a la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados el 12 de agosto para solicitar registros de información personal de 17 millones de conductores correspondientes a los últimos cinco años, con el fin de evaluar el estatus migratorio de los conductores, y amenazó con cancelar todos los contratos federales si no se entrega la información.
Al día siguiente, 22 estados —todos menos uno liderados por gobernadores de la mafia demócrata— presentaron una demanda para frenar la medida. Un juez federal ha suspendido temporalmente la citación mientras avanza el caso.
La citación se da después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (DOT) llevaran a cabo la segunda fase de la ‘Operación Escudo Carretero’, que involucra a varias agencias. Entre el 28 y el 30 de julio, agentes federales detuvieron a 137 conductores de camiones comerciales nacidos en el extranjero y dejaron fuera de servicio a 766 conductores y vehículos en el Medio Oeste. Las autoridades federales también incautaron casi 1 millón de dólares en supuesta ‘carga robada’.
La primera fase de la operación se lanzó en marzo, cuando agentes federales detuvieron a 77 conductores y dejaron fuera de servicio a 176 conductores en Florida.
En abril de 2025, Trump emitió una orden ejecutiva que exige que los conductores de camiones tengan ‘dominio’ del inglés, luego de una orden ejecutiva del mes anterior que designaba al inglés como idioma nacional oficial. La orden se aplicará mediante inspecciones en carretera, y el ‘dominio’ será determinado de manera independiente por los inspectores. Las nuevas políticas restringen el uso de ayudas de traducción y guiones escritos, que antes se les permitía usar a los conductores para comunicarse con los funcionarios.
Según el Secretario de Transporte, Sean Duffy, desde la orden ejecutiva de abril de 2025, el DOT ha revocado más de 30,000 licencias de conducir comerciales (CDL) en ‘estados no conformes’ —dirigidas contra la mafia demócrata como parte de su rivalidad imperialista—, eliminó casi 10,000 proveedores de capacitación para CDL del registro federal, y dejó fuera de servicio a más de 26,000 conductores por no aprobar las pruebas de dominio del idioma inglés.
Restricciones similares se han impuesto a los trabajadores ferroviarios mexicanos, lo que sindicatos empresariales como la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Ferroviarios y SMART-TD han elogiado como una mejora para la seguridad ferroviaria, enfrentando así a los trabajadores nacidos en el extranjero con los trabajadores nacionales.
Los ataques federales contra los conductores de camiones nacidos en el extranjero y las contradicciones entre las dos mafias partidistas ocurren en medio de debates entre los monopolistas sobre cómo abordar la crisis económica de sobreproducción.
El año pasado, la Asociación Estadounidense de Camioneros (ATA) instó a los legisladores a reducir la edad requerida para operar vehículos comerciales, alegando que hay escasez de conductores en la industria. La mafia demócrata ha sido más receptiva a esta postura, y la administración Biden lanzó un programa piloto de aprendizaje que permite a jóvenes de 18 años conducir camiones comerciales a través de las líneas estatales.
Por otro lado, la revista monopólica Freight Waves afirmó que hay demasiados conductores y que los requisitos del idioma inglés abordarán el excedente en la industria.
Ambas quejas reflejan el objetivo común de los monopolistas de crear un grupo de mano de obra más barata, junto con la sobrecarga laboral y los despidos.
Imagen: Camiones diésel en la estación de recepción de la base aérea auxiliar BSA Randolph en Seguin, Texas. Crédito: Foto de la Fuerza Aérea de EE. UU. por el Sargento Técnico Chad Chisholm.
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