La jueza federal Waverly Crenshaw dictaminó en una orden judicial del 23 de julio que Kilmar Abrego García debía ser liberado de la custodia federal y regresar a su estado natal, Maryland, alegando que no representaba un riesgo de fuga durante los procedimientos penales federales en su contra. Simultáneamente, un segundo juez prohibió al ICE detener inmediatamente a Abrego García y deportarlo tras su liberación, ordenando a la administración de Trump que le avisara con 72 horas de anticipación si planeaba iniciar procedimientos para expulsarlo a un “tercer país”, un país que no fuera su lugar de origen.
En respuesta a los dos fallos, un tercer juez reafirmó el mismo día sus órdenes anteriores de posponer la liberación de Abrego García por 30 días, después de haber concedido una solicitud atípica de sus abogados de mantenerlo bajo custodia del Servicio Federal de Alguaciles de Estados Unidos y, por lo tanto, fuera del alcance de los funcionarios de inmigración, ya que los abogados afirman que el DHS está planeando deportar inmediatamente a Abrego García tras su liberación.
A pesar de que Abrego García permanece detenido, sus abogados elogiaron los fallos como una victoria y una “salvaguardia crítica” de sus derechos al debido proceso mientras lucha contra la deportación y su caso federal.
Kilmar Ábrego García, trabajador de la construcción y padre de tres hijos, fue deportado en marzo por la administración de Trump a El Salvador, donde fue torturado por el régimen imperialista estadounidense en la infame prisión CECOT. Tras las manifestaciones que exigían su liberación, incluso de su sindicato, la administración de Trump devolvió a Ábrego García a los Estados Unidos en junio e inició de inmediato un proceso penal federal en su contra por presunto tráfico de personas. En 2019, Ábrego García recibió una orden judicial de inmigración que le prohibía ser deportado a El Salvador debido al riesgo de violencia.
Reafirmando que los funcionarios de inmigración continuarán con sus tácticas terroristas, un portavoz del DHS dijo en las redes sociales: “El hecho de que este juez desquiciado esté tratando de decirle a ICE que no pueden arrestar a un miembro de la pandilla MS-13 acusado por un gran jurado por tráfico de personas y sujeto a arresto migratorio bajo la ley federal es ILEGAL Y UNA LOCURA.”
La continua lucha de Abrego García contra la deportación —y los cargos federales de tráfico de personas— es uno de los ejemplos más destacados de la campaña de terror de deportación masiva de la administración de Trump contra inmigrantes, principalmente trabajadores.
El caso federal contra Abrego García, relacionado con una parada de tráfico en Tennessee en 2022 que, según la fiscalía federal, lo implicó en tráfico de personas, se debilita cada vez más. El juez Crenshaw expresó, durante su fallo del 23 de julio, sus dudas sobre si los abogados y un funcionario del ICE que testificaron en el litigio conocían siquiera los detalles del caso.
Crenshaw también afirmó que aceptar la afirmación de la fiscalía de que es miembro de la pandilla MS-13 “sería casi fantasioso,” rechazando el argumento del gobierno de que Abrego García representa un peligro para la comunidad. El juez añadió que las versiones de los testigos de la fiscalía “evolucionaron a lo largo del proceso de entrevista,” lo que pone en duda su credibilidad.
Foto: Kilmar Abrego García en una imagen proporcionada por su familia.
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