Lea nuestro editorial sobre las deportaciones masivas aquí y la lucha en curso contra ellas aquí.
El juez de inmigración Jamee Comans ordenó la deportación del activista palestino Mahmoud Khalil a Siria o Argelia en un fallo del 12 de septiembre sobre acusaciones de que Khalil omitió información en su solicitud de tarjeta de residencia. Sin embargo, el fallo dictado por el juez federal Michael E. Farbiarz en junio que prohíbe al gobierno deportar o detener a Khalil sigue en vigor, impidiendo legalmente su deportación al menos hasta su apelación. Khalil y su equipo legal tienen sólo 30 días para apelar la última decisión; si se rechaza la apelación, se revocará su estatus de residencia permanente y estará sujeto a deportación.
Khalil fue detenido originalmente en marzo de 2025 en lo que fue uno de los primeros casos de deportación de alto perfil por motivos políticos bajo la actual administración de Trump, y pronto le seguirán muchos más. Khalil había participado activamente en el Movimiento de Solidaridad Palestina en la Universidad de Columbia y era un recién graduado en el momento de su detención. Mientras estuvo detenido en un centro de detención federal en Luisiana durante tres meses, el gobierno le impidió asistir al nacimiento de su hijo.
El caso de Khalil se está disputando actualmente en dos tribunales: un tribunal federal en Nueva Jersey, donde el juez Farbiarz se ocupa de cuestiones constitucionales y civiles relacionadas con la detención de Khalil, y un tribunal de inmigración en Luisiana supervisado por el juez Comans.
El tribunal federal determinó inicialmente que la justificación que el gobierno dio en marzo para la detención de Khalil era probablemente inconstitucional por motivos de libertad de expresión y debido proceso, y prohibió tanto la detención como la deportación, consiguiendo su liberación en junio. Después de meses de manifestaciones a nivel nacional exigiendo su liberación, el fallo culminó en una victoria para el Movimiento de Solidaridad Palestina y un revés para la administración ultrareaccionaria de Trump.
Ahora, el juez Comans volvió a sostener que Khalil podía ser deportado, esta vez basándose en supuestas tergiversaciones en su solicitud de residencia. La administración de Trump ha acusado a Khalil de no revelar su trabajo con la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA), que ayuda a los refugiados palestinos, así como su participación en la Desinversión del Apartheid de la Universidad de Columbia (CUAD). Los abogados de Khalil respondieron que el papel de la UNRWA era una pasantía a través de Columbia y que Khalil era un mediador en CUAD, no un miembro, y asumió el papel después de solicitar la residencia permanente.
El equipo legal de Khalil presentó una carta al juez Farbiarz diciendo que la orden de deportación que se le emitió es evidencia de represalias por parte del gobierno de los Estados Unidos por “oponerse a un genocidio en curso en Palestina”, y señaló que es raro que un juez de inmigración niegue una exención a un residente permanente legal con cónyuge e hijos estadounidenses, sin antecedentes penales y fuertes vínculos comunitarios.
Tras el fallo, Khalil afirmó que la administración deTrump estaba recurriendo a “fabricar acusaciones ridículas y sin fundamento en un intento de silenciarme por hablar y defender firmemente a Palestina, exigiendo el fin del genocidio en curso.”
La batalla en curso ha sido un punto álgido en la reacción del Estado, que concentra cada vez más el poder en torno al poder ejecutivo al tiempo que erosiona los derechos democráticos, y la resistencia de las masas a esto, que hasta ahora ha logrado evitar la deportación de Khalil.
Foto recuperada de Justice4Mahmoud en Instagram.
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