Por Irina Park & Farrukh Abadi
La administración de Trump implementó nuevas cuotas de arresto para agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre varios otros cambios a las leyes de inmigración en los Estados Unidos. Las redadas y arrestos de inmigrantes han aumentado en algunas partes del país, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó casi 9.000 arrestos en las dos primeras semanas del segundo mandato de Trump. Para aumentar el número de arrestos en todo los Estados Unidos, agentes federales volarán a tres ciudades por semana para realizar operaciones más amplias en un enfoque de “todos manos a la obra”. Si bien los arrestos han aumentado considerablemente (especialmente los arrestos no criminales), las deportaciones siguen estando por debajo del promedio de la administración de Biden.
Los arrestos de ICE se ampliaron para provocar sensación y terror
Las agresivas tácticas de aplicación de la ley bajo la administración de Trump incluyen rescindir políticas que desalentaban los arrestos en “lugares sensibles” como escuelas, hospitales y lugares de culto, y delegar la aplicación de la ley a la policía local. Estas políticas apuntaban a mitigar el odio masivo hacia ICE, algo que Trump ignora en sus llamamientos a los sectores más chovinistas de la sociedad.
Esta semana, la administración de Trump también rescindió una extensión de la era Biden de la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes venezolanos, lo que permitiría a ICE arrestar y deportar a cientos de miles más.
Si bien los arrestos siguen siendo elevados, las deportaciones aún están por detrás de los niveles de la administración de Biden. Entre octubre y noviembre de 2024 (los últimos dos meses de datos actualmente disponibles sobre la aplicación de la ley de inmigración por parte de la administración de Biden) hubo un promedio diario de casi 300 arrestos, de los cuales 45 fueron arrestos no criminales, y alrededor de 850 deportaciones. Hasta ahora, durante la administración de Trump, ha habido un promedio diario de alrededor de 630 arrestos, de los cuales aproximadamente 300 no son criminales, y alrededor de 400 deportaciones por día. En otras palabras, en comparación con la administración de Biden, Trump ha llevado a cabo más del doble de arrestos, seis veces más arrestos no criminales, pero menos de la mitad de las deportaciones.
Como de costumbre, la administración de Trump busca el espectáculo para reunir a su base social chauvinista detrás de la reacción del Estado y sus ataques a los trabajadores. Esto es especialmente evidente en sus grotescos métodos de deportación, que incluyen encadenar a los inmigrantes en vuelos militares a su país de origen que pueden durar hasta 40 horas.
Aumento del poder ejecutivo y militarización en respuesta a la crisis económica
La semana pasada, Donald Trump firmó la Ley Laken Riley, que otorga al gobierno federal el poder de detener y deportar a inmigrantes acusados de delitos. La ley bipartidista y la primera pieza de legislación aprobada durante el segundo mandato de Trump se basa en evidencia fabricada sobre el llamado “crimen migratorio”, ya que los estudios muestran que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos.
Trump anunció al firmar el proyecto de ley que su administración planea enviar a los inmigrantes detenidos a un centro de detención en la Bahía de Guantánamo, una base militar estadounidense en tierras cubanas ocupadas. Este plan pasaría por alto los derechos al debido proceso bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada anteriormente para internar a japoneses en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ya más de una docena de inmigrantes acusados de crímenes han sido enviados a la base; no al centro de detención, sino a la prisión notoriamente utilizada para torturar a aquellos que los Estados Unidos capturó en sus guerras depredadoras en el Medio Oriente. Trump ha sugerido que 30.000 inmigrantes podrían permanecer en la base.
Estos ataques son una respuesta a la crisis económica del imperialismo, aterrorizando a los trabajadores migrantes y estratificando y dividiendo aún más a la clase trabajadora mientras les hacen pagar la factura. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, se estima que el plan de Trump de deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados costará a los contribuyentes casi 1 billón de dólares en el transcurso de una década, canalizado desde los bolsillos de los trabajadores hacia los diversos monopolios contratados con ICE, cuyas acciones ya han visto un gran salto.
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