El 24 de julio, el gobierno ultrareaccionario de Trump impuso nuevos aranceles (impuestos) a productos de más de 80 países, incluyendo Canadá, México y miembros de la Unión Europea.
Los nuevos aranceles, en una muestra de absolutismo presidencial, porque los impuso sin la aprobación del Congreso y después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles anteriores.
Trump sigue intentando poner aranceles en medio de la crisis y el deterioro del imperialismo estadounidense en el mundo. EE. UU. está usando cada vez más estas herramientas para asegurar sus mercados actuales y abrir nuevos mercados para sus monopolios. Los aranceles son bombas económicas que sirven para presionar a otros países, forzarlos a hacer “reformas” y firmar acuerdos que beneficien a EE. UU., para seguir oprimiendo a otras naciones, ya sea en colaboración o en competencia con otras potencias imperialistas.
Según el gobierno de Trump, hay otra serie de investigaciones que impulsan estos castigos y se enfocan en 16 socios comerciales, incluyendo China y la Unión Europea, por lo que el gobierno de EE. UU. llama “exceso de capacidad”. Esto se refiere a que la burguesía china ha invertido mucho en fabricar productos para exportar, inundando los mercados con más cosas que sus competidores estadounidenses. Esto demuestra que los aranceles son realmente una lucha entre imperialistas, principalmente contra el socialimperialismo chino.
El gobierno de Trump también ha atacado a Brasil, imponiéndole un arancel del 25% usando la misma ley. Esto pasó después de reuniones con Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño de ultraderecha Jair Bolsonaro. Trump quiere usar los aranceles para presionar al gobierno del oportunista Luis Inácio (Lula) para que entregue aún más la economía brasileña a la explotación de EE. UU., a cambio de quitarle los aranceles.
El documento del gobierno de EE. UU. dice que algunos sectores no recibirán estos castigos, especialmente los que consideran estratégicos: minerales de tierras raras, ciertos metales refinados, petróleo y gas, piezas de aviones y productos agrícolas importantes. Estas exenciones muestran que el verdadero propósito de los aranceles no es “reindustrializar” a EE. UU., sino asegurar recursos y cadenas de suministro para los monopolios estadounidenses.
Mientras estos privilegios protegen a los contratistas militares y a los monopolios tecnológicos, los trabajadores y los pequeños negocios pagan los costos con precios más altos e incertidumbre económica. Los pequeños negocios, que no tienen esa protección, ya presentaron demandas en la corte federal de comercio para tratar de anular los aranceles.
La excusa débil que Trump usó para poner estos aranceles, tratando de saltarse las limitaciones legales que le puso la Corte Suprema, son unas investigaciones de sus representantes comerciales sobre supuesto “trabajo forzado”. Hoy se calcula que hay 1.1 millones de personas atrapadas en trabajo forzado dentro de EE. UU. (en su mayoría trabajadores nacidos en el extranjero). El año pasado, el “Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)” de Trump recortó millones de dólares en fondos para la oficina que combate la trata de personas y canceló 70 programas que protegían a niños y adultos de ser explotados. El imperialismo estadounidense se da el lujo de ignorar el trabajo infantil, aunque las cadenas de suministro de sus empresas multinacionales dependen de la explotación de niños trabajadores en todo el mundo.
Como ya reportó El Obrero, los monopolios de EE. UU. están usando cada vez más trabajo infantil de manera ilegal, como parte de la crisis económica del imperialismo. Un ejemplo es la muerte de un joven de 17 años que trabajaba en Mississippi, o las leyes en Florida y otros estados que están quitando restricciones al trabajo infantil.
Imagen: Donald Trump habla en un evento en la Base Conjunta Andrews, 2019. Crédito: Defense Visual Information Distribution Service.
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