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Condenan a quince acusados a penas de prisión que van de 22 meses a 100 años en relación con la protesta anti-ICE en el 2025 realizada frente al Centro de Detención Prairieland, en el norte de Texas.
Los jueces federales sentenciaron a ocho de los acusados el 23 de junio y a los siete restantes el 1 de julio. Las condenas incluyeron cargos de intento de asesinato, disturbios y apoyo material al terrorismo. El estado argumentó que los acusados participaron en un “ataque coordinado” contra el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Alvarado, Texas, el 4 de julio de 2025, durante el cual un agente de policía de Alvarado recibió un disparo y resultó levemente herido. Los acusados y sus defensores sostienen que estaban realizando una manifestación pacífica con ruido de fuegos artificiales. En total, 22 personas fueron arrestadas en relación con el caso.
Benjamin Song, un ex reservista de la Infantería de Marina de Estados Unidos, recibió la sentencia más larga: 100 años de prisión. Los fiscales argumentaron que Song fue el principal organizador de la protesta y la persona que disparó contra el agente de policía y lo hirió. En una declaración final, Song explicó por primera vez sus motivos:
“Lo que todos vimos que les ocurrió a Renee Good y Alex Pretti es mi peor pesadilla”, dijo Song. “Cuando vi al teniente Thomas Gross dejar de perseguir y apuntar su arma hacia la espalda de un manifestante desarmado que corría, tal como testificó, me aterrorizó. […] Como instructor de armas de fuego y veterano de los Marines de Estados Unidos, entendí lo que estaba viendo. Sabía lo que significaba que alguien se inclinara hacia un arma, […] para prepararse para el retroceso. […] Es imposible decir que estaba intentando emboscar a alguien o que estaba planeando violencia”.
Ines Soto, Zachary Evetts, Autumn Hill, Savanna Batten, Elizabeth Soto y Meagan Morris fueron sentenciados a 50 años de prisión cada uno. Maricela Rueda, otra manifestante, recibió una sentencia de 70 años, y Daniel Rolando Sanchez Estrada fue sentenciado a 30 años por cargos relacionados con la posesión y distribución de literatura radical en forma de panfletos anarquistas. Joy Gibson y Rebecca Morgan fueron sentenciadas a 15 años. Lynette Sharp y John Thomas fueron sentenciados a 110 meses. Seth Sikes recibió una condena de seis años.
Nathan Baumann, quien fue condenado por la mayor parte del vandalismo ocurrido durante la protesta, recibió una sentencia mucho más corta de 22 meses. El vandalismo es una de las principales justificaciones que usa el estado para las acusaciones de terrorismo y disturbios. Los acusados reportan que no conocían a Baumann hasta el día de la protesta.
Todos los acusados deberán pagar de manera “de forma solidaria” $4,408.95 al Centro de Detención Prairieland.
Frente al tribunal en Fort Worth, familiares y defensores de los acusados criticaron las sentencias inusuales y excesivas. En una declaración publicada después de la sentencia, el grupo de defensa Support the Prairieland Defendants afirmó que familiares y miembros de la comunidad consideraron los castigos “crueles” y “sumamente desproporcionados” en relación con las acciones de los acusados, y prometieron continuar con el apoyo legal y público.
En diciembre del año pasado, la administración Trump ordenó a la policía investigar a individuos y grupos basándose en la ideología “antifa” (abreviatura de antifascista) en lugar de supuestas actividades ilegales. Esta orden ha permitido que los fiscales agreguen agravantes de terrorismo a cargos simples, incluyendo intrusión y obstrucción a la justicia. Además, prácticas comunes como transportar literatura y borrar mensajes han sido presentadas como delitos graves de obstrucción con agravantes de terrorismo, lo que ha llevado a largas penas de prisión.
Imagen: Centro de Detención Prairieland en Alvarado, Texas. Crédito: Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa.
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